Vulnerabilidad de Río Blanco frente a la expansión urbana
Por Gonzalo Duque-Escobar*
RESUMEN: La problemática de la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco en Manizales, hoy amenazada por un daño severo, irreversible y progresivo, al urbanizar su Anillo de contención con el fin de satisfacer apetitos del mercado inmobiliario, hecho que invita a reflexionar sobre la necesidad de más ecosistemas para mitigar el riesgo frente a la crisis del agua en las capitales de la Ecorregión Cafetera, parte de un conjunto de decisiones equivocadas a partir de 2003 sobre cambios en el uso del suelo por parte del Municipio y el MinAmbiente, para permitir que se lleve la jungla de concreto a la zona con funciones de amortiguamiento de la citada área de interés ambiental. Permitir dicho uso del suelo en el Anillo de contención del estratégico ecosistema protegido, necesariamente impide amortiguar los impactos de esta ciudad sobre las cadenas tróficas y ciclos biogenéticos del bioma andino, compromete especies endémicas, vulnerables y en peligro de extinción, y rompe el frágil equilibrio del ecosistema alto andino que sirve de soporte a los servicios ambientales que provee esta cuenca, entre ellos el abastecimiento del 35% del agua para cerca de 400 mil habitantes. Todo lo anterior, es la consecuencia de unas actuaciones contrarias a la prevalencia del interés común, con las cuales se le sustrae la función social y ecológica a la propiedad, favoreciendo la separación de costos y benéficos asociados al aprovechamiento de activos naturales ambientales inalienables, en virtud de un modelo urbano expansionista que, yendo en contravía de los fundamentos de la Constitución y de la Ley, facilita la especulación con el suelo al permitirle a una empresa urbanizadora capturar la plusvalía urbana.
… Nota: Ver en Pag 31 del Estudio de HTM (2014), el ancho sugerido de 700 m para una ZFA en una una RFP como la de Río Blanco. Pregunto: ¿por qué construir Tierraviva en la frontera de la Reserva? ¿Acaso no se estaría violando el Decreto 2372 de 2010, Art 19 y Art 31?
TAGS: Cuenca abastecedora de agua, Amenazas sobre el bioma andino, Cuenca del río Chinchiná, Reserva Forestal Protectora de Río Blanco, Huella ecológica, Cambio climático y modelo Urbano, Conflictos socioambientales en Manizales (Colombia), Pasivos ambientales y plusvalía urbana, Reserva Forestal Central de Colombia, Áreas de interés ambiental – Manizales -Colombia, Urbanización de Tierraviva – Manizales (Colombia); POMCA del Río Chinchiná, Zona con Función Amortiguadora La Aurora – Manizales (Colombia), Anillo de contención de la Reserva de Río Blanco, Función social y ecológica de la propiedad.
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Por los derechos de la Reserva de Río Blanco y en atención al Principio precautelar, el Estado colombiano debe reintegrarle el Anillo de contención a la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco y la Quebrada Olivares, en el predio La Aurora, mismo que para destinarlo a una urbanización se había sustraído de la Reserva Forestal Central, para asignarle un uso urbano con el cual dicha propiedad, al no poder cumplir la función ecológica y social que le demanda la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco, y que se le había asignado de conformidad con la Resolución 1922 de 2013, Art. 2, vulnera el derecho del territorio. Si para las reservas forestales protectoras según lo propuesto por la Fundación Grupo HTM (2014) en el Cuadro 7 del POMCA del Río Chinchiná: Fase de Zonificación Ambiental de la Cuenca, el Anillo de contención debe ser de 700 m, en la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco con la “ciudad encima” generando impactos que deben mitigarse, el ancho de la ZFA no debería reducirse.
Como fundamento, un territorio debe ser entendido como una construcción social e histórica, por ser el resultado de las relaciones dialécticas entre dos sistemas complejos: el social y el natural. De ahí que las determinantes ambientales del Ordenamiento Territorial, deban reconocer dichas relaciones dialécticas de simbiosis y parasitismo entre el medio ecosistémico y la cultura, para prevenir con el modelo de ocupación del territorio su fragmentación y la presión indebida sobre la estructura ecológica, no modificar la estabilidad de las cadenas tróficas y los ciclos biogenéticos, ni alterar el bienestar social y de los ecosistemas, al incurrir en transformaciones, que en lugar de resultar ecológicamente sólidas y compatibles con la cultura, vulneran los derechos fundamentales a la vida, al agua, y al medio ambiente sano, y con ello los derechos del territorio.
Lo anterior, para prevenir un ecocidio asociado a un cambio inconveniente e ilegal en el uso del suelo, que además de otorgarle al urbanizador la plusvalía urbana, genera daños irreversibles, severos y progresivos, sobre dicho ecosistema de bosque de niebla y páramo, y la grave afectación a los servicios ambientales de cerca de 400 mil habitantes de Manizales; todo esto, como consecuencia de llevar la jungla de concreto al Anillo de contención de la citada área de interés ambiental de la ciudad, inicialmente con cerca de 10 mil habitantes de la ciudadela Tierraviva a lindes, y luego con otras urbanizaciones, cuando la misma empresa y otras urbanizadoras de terceros, que invocando el Derecho de igualdad, repitan sobre la ZFA de la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco.
Al referirse a los impactos de la expansión urbana sobre dicho sector de la ciudad a lindes con dicha Reserva Forestal, el Arquitecto Luis Fernando Acebedo se pregunta “¿cómo justificar que dicha urbanización “no afecte las condiciones ecosistémicas de las cuencas hidrográficas del Río Blanco y la Quebrada Olivares?”; y luego subraya el daño que se comete, primero al “sustraer de la Reserva Central de Colombia un pedazo de área para urbanizar intensivamente”, y segundo, al “debilitar la Estructura Ecológica Principal de Manizales con un proyecto inmobiliario que abrirá las puertas a futuras urbanizaciones sobre una franja de amortiguamiento necesaria para la protección de las cuencas hidrográficas del sector”.
Y todo esto sin importar la fragilidad de este ecosistema de 4.932 hectáreas, con altitudes entre los 2.150 y 3.700 msnm, ubicado a tan solo tres (3) km del costado nororiente de su área urbana. Los 10 mil habitantes de Tierraviva ubicados en 12,5 hectáreas de 56 hectáreas que posee la empresa urbanizadora, suponen una densidad de 204 mil habitantes por milla cuadrada contra 40 mil de Manizales, y una huella ecológica de 20 mil hectáreas, cuantía cuatro veces superior al área de la reserva, tomando como media un percápita de 2 hectáreas de huella ecológica. Estos elementos, ponen en entredicho la pertinencia y legalidad de los estudios en que se soportan las licencias concedidas a Tierraviva, ya que sólo apuntan a resolver la huella de carbono de la propia urbanización, pero no a demostrar que el predio puede cumplir las funciones amortiguadoras que le corresponde como Anillo de contención: mitigar los impactos generados por la ciudad de Manizales sobre su vulnerable reserva protectora, preservando dicho bien estratégico y de interés público.
Al urbanizarse La Aurora y el citado Anillo de contención llevando con cada urbanización carga habitacional, luz eléctrica y ruido urbano, la Zona con Función Amortiguadora ZFA no podrá capturar CO2, ni producir Oxígeno, ni funcionar como bosque de niebla y regulador del clima; y por lo tanto, no podrá mitigar los impactos provenientes de Manizales sobre dicho ecosistema vulnerable y estratégico para la conservación de los recursos naturales, afectándose la cuenca alta del Río Blanco declarada Reserva Forestal Protectora de la Nación, por ser una de las zonas con mayor biodiversidad del país y fuente de servicios ambientales fundamentales para Manizales, entre ellos el 35% del agua de la ciudad, máxime cuando arrecian eventos extremos del cambio climático, que pasan factura a la expansión urbana como depredadora de bosques necesarios para la captura de carbono y la regulación hídrica.
Para el efecto, el Estado tendrá que declarar espurios dos actos: la sustracción de estos predios de la Reserva Forestal Central y la declaratoria de Zona urbana hecha en el POT de 2003 para el sector de La Aurora y Betania, al igual que las licencias ambiental y de construcción, por tratarse de actos administrativos que entran en conflicto severo con los derechos de una reserva forestal protectora y con el interés general, violando el derecho ambiental de la ciudad consagrado en la Ley 165 de 1994, la que aprueba el “Convenio sobre la Diversidad Biológica”, firmado en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992, desconociendo los tres Principios rectores consagrados en el Artículo 2 de la Ley 388 de 1997, y olvidando el carácter ambiental y solidario de la Constitución Política de Colombia (Art 1; Art 8; Art 58; Art 79; Art 82; Art 209; Art 313; Art 333; Art 365 y 366), con los cuales según la Dra. María Ruby Montoya de U. se consagran los principios de “progresividad de la protección ambiental” y de “no regresión”, máxime cuando en 2017 el nuevo POT de Manizales excluye el sector de La Aurora como Zona de Expansión Urbana.
Según la Ley 388 de 1997, “el ordenamiento del territorio se fundamenta en los siguientes principios: la función social y ecológica de la propiedad; la prevalencia del interés general sobre el particular; y la distribución equitativa de las cargas y los beneficios”. Además, al tratar sobre la función pública del urbanismo, entre los fines del ordenamiento, el Art. 3 de dicha Ley señala que los procesos de cambio en el uso del suelo en aras del interés común, deben “procurar su utilización racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible”; y que se debe “propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación del patrimonio cultural y natural”. Esperamos que los actos violatorios de la Ley aquí citados que comprometen al Minambiente y que no acoge el Concejo en 2007, no generen derechos adquiridos a través de licencias espurias.
* Profesor Universidad Nacional de Colombia y Miembro de la SMP de Manizales http://godues.webs.com Documento U.N. de Colombia – SMP Manizales, 2018/03/28. Imagen, Plan Parcial de La Aurora, en Centro de Estudios y Gestión de Derechos para la Justicia Espacial.
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Nota: Aceptar un uso urbano conflictivo del suelo en una zona con función amortiguadora de una Reserva Forestal Protectora que es al tiempo fuente de agua para una ciudad, con el propósito de permitirle a un particular capturar la plusvalía urbana a costa del interés general y de la biodiversidad, y crear una jurisprudencia que generaría derechos a repetir acciones urbanísticas en predios contiguos, es vulnerar la Constitución Política (Art 1, 78 y 79), la Ley Ambiental Internacional y las leyes 99 de 1993 (Art 1: N 1 y N 6), 388 de 1997 (Art 2 y 3), y 165 de 1994 (Art 1).
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Imágenes de soporte:….
La huella ecológica representa el área de tierra o agua, necesarios para generar los recursos que demanda cada persona. A nivel global, aunque se estima en 1,8 ha por habitante la capacidad biológica del planeta, el percápita de la huella ecológica supera las 2 ha. Del mapa se colige, que la magnitud de la huella depende de dos factores: nivel de vida y modelo de desarrollo.
De La Ley: la Resolución 1922 de 2013 (Artículo 2°), al tratar sobre los usos permitidos en las ZFA señala: “Zona tipo A: Zonas que garantizan el mantenimiento de los procesos ecológicos básicos necesarios para asegurar la oferta de servicios ecosistémicos, relacionados principalmente con la regulación hídrica y climática; la asimilación de contaminantes del aire y del agua: la formación y protección del suelo; la protección de paisajes singulares y de patrimonio cultural; y el soporte a la diversidad biológica”. Fuente: POMCA del Río Chinchiná: Fase de Zonificación Ambiental.
Nota: Zona tipo A: Zonas que garantizan el mantenimiento de los procesos ecológicos básicos para asegurar la oferta de servicios ecosistémicos.
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