Un SOS por los derechos de la Reserva de Río Blanco

 

 

RESUMEN: Dada la enorme carga urbana que se proyecta al urbanizar el Anillo de contención de la reserva, construyendo una ciudadela para 10 mil habitantes sobre 12,5 hectáreas, el estudio presentado y el aval otorgado, antes que ser garantía de que el predio pueda cumplir con la función ecológica que por ley le corresponde, como lo es la de amortiguar los impactos urbanos generados por la ciudad de Manizales sobre dicho ecosistema estratégico, son un documento inocuo y una licencia violatoria de los principios de la Ley 388 de 1997 (Artículo 2). Además dichos actos resultan impugnables por soportarse en hechos jurídico con el cual el Estado, a través del POT de 2003 y del Ministerio del Medio Ambiente, le sustraen en 2013 la función ecológica a la propiedad, para ocasionar un daño severo e irreversible sobre un bien fundamental, y de paso trasladarle una responsabilidad suya perenne, indelegable y fundamental a un particular, olvidando de paso el efecto regresivo sobre los derechos ambientales bioculturales de un territorio, que por ley son inalienables.

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Por Gonzalo Duque-Escobar*

Este llamado, con fundamento en que una reserva protectora, por ser  en últimas una construcción social e histórica, es un sujeto de derechos ambientales bioculturales. Esto es, en el caso de Río Blanco, no se trata de un simple espacio objeto de explotación, sino de un fragmento del bioma andino que alberga bienes patrimoniales, como lo son las especies endémicas vulnerables y otras más, y los servicios ambientales que le entrega a Manizales, bienes que demandan la preservación e integridad del hábitat y que solo admiten acciones sustentables. Puesto que se trata de bienes patrimoniales naturales y culturales, que son inalienables, para no comprometer su integridad ni degradar su estructura ecológica de soporte, se debe ordenar el territorio en el marco de sus derechos bioculturales, dándole coherencia a las complejas relaciones dialécticas, de simbiosis y parasitismo, entre las comunidades que lo habitan y los frágiles ecosistemas.

Ver soportes en dicho documento UN, enlaces suministrados aquí y complementos de este trabajo.

El oficio 17753 de Corpocaldas del 18_07_2017 con 7 folios, que muestra conformidad con los estudios ambientales presentados para Tierraviva, en síntesis aprueba obras de mitigación de impactos internos dada una enorme carga urbanística, lo que no significa que el predio vaya a cumplir con una función que por ley le corresponde como Anillo de contención o Zona con Función Amortiguadora ZFA. Aunque allí se justifican los efectos directos sobre la Reserva Forestal Protectora reforestando áreas laterales, resulta evidente que una urbanización sólo genera impactos y por lo tanto materialmente no puede cumplir con las funciones de amortiguamiento mitigando los impactos de Manizales sobre la citada Reserva Forestal Protectora.

Se concluye de dicho documento que se pueden amortiguar impactos urbanos con densas zonas urbanizadas, demográficamente cuatro veces más densas que Manizales; que para adquirir licencias urbanísticas en ZFA,, podemos amortiguar impactos frontales, con forestas laterales vecinas. Y si no es así, ¿Por qué se olvida que las franjas para la Zona con Función Amortiguadora ZFA que contempla el Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental POMCA, son de 1000 metros en el PNN de los Nevados y de 700 metros en estas Reserva Forestal Protectora? Esto, tal cual lo muestran los documentos y cuadros  de Corpocaldas que se anexan, con la correspondiente referencia.

Creo, se trata de desconocer la violación de los derechos ambientales (bioculturales) de un territorio fundamental, tal cual lo es una reserva protectora,, al causarle un daño severo e irreversible evidente justificando con cuentas ciertas y ejercicios verdes que resultan improcedentes, una acción espuria ilegal y ambientalmente inconveniente. Al llevar la “jungla de concreto” al lugar, entre los ciclos biogenéticos, dos se alteran gravemente: el ciclo sedimentario lento del agua, al introducir cambios fundamentales en las coberturas; y el ciclo rápido o gaseoso del oxígeno, con 10 mil habitantes ubicados en 12,5 hectáreas, para los cuales los urbanizadores pasan factura de compensación con superficies boscosas laterales al norte de La Aurora.

Ambos ciclos biogenéticos, que alterados modifican el microclima, al igual que la contaminación lumínica, de suelos, de aire y de guas, y el ruido de la ciudadela, afectarán los ritmos y los ciclos biológicos y las cadenas bióticas y tróficas. Este es un asunto que a pesar de su alcance local inicial, a futuro adquiere un carácter progresivo que romperá de forma severa e irreversible la estabilidad del hábitat que requiere el bioma andino, cuando otras empresas aplicando acciones de mitigación con esos mismos criterios, podrán urbanizar con igual derecho el entorno restante, además del anillo de protección del PNN de los Nevados y el de la Reserva Forestal Protectora de La Chec.

En síntesis, mitigar impactos internos en La Aurora, predio que hace parte del anillo de contención de la reserva o ZFA, dada la enorme carga urbana que se proyecta al instalar 10 mil habitantes sobre 12,5 hectáreas de las 65 que posee el urbanizador, población cuya huella ecológica puede ser el equivalente a cuatro veces el área de la citada reserva, no significa que en dicha área se cumpla con la función amortiguadora que por ley le corresponde como ZFA. Creo, no se trata de estudios y más estudios, los que a lo sumo podrán estimar la reducción de un daño con una potencial progresividad derivada de las consecuencias jurídicas, y donde lo grave del perjuicio es que además de su potencial nivel de importancia y carácter no mitigable, afecta un bien esencial de la Nación, como lo es  la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco.

Al haber pasado sin enmienda la exclusión de La Aurora como Zona de Expansión Urbana en la plenaria del Concejo de Manizales el 24/07/2017, gracias a la institucionalización del histórico proceso implementado por La Presidencia edilicia convocando a un Cabildo Abierto, y a la decisión democrática de la Comisión del Plan como segundo factor clave, se deberá recurrir al contencioso para que el Estado retorne el carácter sustraído a La Aurora por el Ministerio en 2013 actuando en beneficio de un mercado inmobiliario que trafica con la plusvalía urbana, y para que ordene las acciones que garanticen la función amortiguadora del citado predio.

Para prevenir que mañana el Concejo de Manizales con otros actores, incorpore el predio de La Aurora como zona de expansión urbana repitiendo el acto violatorio de la Ley en que se ha caído al tomar decisiones en épocas anteriores, según el Código de Procedimiento del Contencioso Administrativo habrá que solicitar ante el Tribunal Nacional una Acción Resarcitoria invocando la Ley 1437 del 2011, Art. 93, 138 y 144, mediante una Acción Popular para que el Ministerio del Medio Ambiente deshaga la sustracción hecha en 2013, dado que esta acción amenaza el derecho colectivo al incorporar un potencial daño sustantivo no reversible que viola el derecho de un territorio que  tiene el carácter de  bien público fundamental,  como lo esta reserva protectora, que además de servicios ambientales como el agua para la ciudad, entre otros,  alberga especies endémicas vulnerables que requieren protección.

Lo anterior, apoyados también en el derecho de todas las personas a velar por la protección al medio ambiente y a gozar de un ambiente sano, como en el deber del Estado y la sociedad colombiana de prevenir el creciente deterioro de los ecosistemas amenazados como consecuencia de las acciones antrópicas, entre las cuales sobresale la incorporación de áreas con funciones ecológicas asignadas para destinarlas a usos urbanos con propósitos inmobiliarios, y de proteger elementos ambientales que le pertenecen a toda la humanidad como lo son las especies endémicas cuyo hábitat es la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco.

En lo que respecta a la función ecológica y social de la propiedad, la Corte en Sentencia T-760/07 señala que la protección al medio ambiente es un principio que irradia todo el orden jurídico y que es obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la Nación; y también advierte que el propietario individual no sólo debe respetar los derechos colectivos de la sociedad de la cual hace parte, sino también que no puede comprometer los derechos de las generaciones futuras. Añade además, que el derecho a un ambiente sano además de ser un asunto de interés general, es un derecho de rango constitucional de todas las personas.

* Profesor Universidad Nacional de Colombia y Miembro de la SMP de Manizales.  http://godues.webs.com Documento U.N. SMP Manizales elaborado para la coadyuvancia en los procesos que emprenden los colectivos urbanos en defensa de los derechos ambientales bioculturales de la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco. Manizales, Julio 2017. (Actualizado en 2018).

CATEGORÍA DEL ÁREA PROTEGIDA EXTENSIÓN DEL ANILLO DE CONTENCIÓN A PARTIR DEL LÍMITE DEL ÁREA PROTEGIDA
Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales 1000 metros
Reservas Forestales Protectoras y Parques Naturales Regionales 700 metros
Otras categorías: Distrito de Manejo Integrado, Distrito de Conservación de Suelos, Áreas de Recreación 500 metros
Fuente Cuadro 7: Fundación Grupo HTM, 2015 (Fuente: POMCA del Río Chinchiná: Fase de Zonificación Ambiental.)

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El ecosistema: componentes y biociclos: 
ECOSISTEMA
Componentes estructurales
Bióticos
(comunidad)
Productores, consumidores, descomponedores
Abióticos
(hábitat)
Fisico-químicos, climáticos, fisiográficos
Ciclo de materia y flujo de energía
Fotosíntesis, Respiración
Ciclos biogenéticos
Gaseosos
(estables, rápidos)
Del carbono(CO2)
Del Nitrógeno(NO3)
Del Oxigeno (O2)
Sedimentarios
(lentos)
Hidrológico (H2O)
Del Fósforo(P2O)
Del Azufre (SO2)
Ecosistema y biociclos. La ecología se ocupa del estudio científico de las interrelaciones entre los organismos y sus ambientes, y por tanto de los factores físicos y biológicos que influyen en estas relaciones y son influidos por ellas. Dichas relaciones entre los organismos y sus ambientes, por ser el resultado de la selección natural, explican el carácter evolutivo de los  fenómenos ecológicos. Fuente: Ciencia, Tecnología y Sociedad. CTyS.

La función amortiguadora del anillo de contención, resulta fundamental cuando la ciudad -con sus impactos sobre los ecosistemas y servicios que alberga la reserva forestal protectora-, está encima, o muy cercana. Dicha función, en la cual se requiere capturar CO2 y producir Oxígeno y otros roles fundamentales para el hábitat de la reserva, además de mantener las condiciones de estabilidad que demanda el bioma andino, no las puede cumplir una jungla de concreto-caso Tierraviva-, ni las demás urbanizaciones que surjan amparadas en la igualdad de derecho.

 …

 

IMÁGENES ASOCIADAS:

 

 

La Aurora, vista a principios de 2018 desde el costado sur: además de la potrerización preexistente, se aprecian algunas obras para construir Tierraviva, lo que pone en evidencia la no aplicación de medidas cautelares dados los procesos judiciales en curso.

 

 

La Reserva Forestal de Río Blanco pertenece a la Reserva Forestal Central (Ver arriba y abajo, zonas en verde olivo), y el Predio la Aurora siendo su ZFA, fue sustraída por el MinAmbiente a solicitud de la Secretaría de Planeación de Manizales, para darle el uso urbano aprobado en el POT de 2003. El cambio de uso del suelo en el POT, se hizo para capturar en beneficio de un particular la plusvalía a través de la ciudadela Tierraviva.

  
 

ENLACES RECOMENDADOS:

Este es un Documento U.N. de Colombia-SMP Manizales, elaborado para la coadyuvancia en los procesos que emprenden los colectivos urbanos en defensa de los derechos ambientales bioculturales de la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco, para prevenir el ecocidio asociado a la pérdida de su anillo de contención como área con función amortiguadora, para llevar al lugar la “jungla de concreto”, acto este que viola los fundamentos de la Ley 388 de 1997, en su artículo 2, que dice: “El ordenamiento del territorio se fundamenta en los siguientes principios: 1. La función social y ecológica de la propiedad.2. La prevalencia del interés general sobre el particular. 3. La distribución equitativa de las cargas y los beneficios.”

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