El alcalde de Medellín y el gerente de EPM al anunciar la eventual demanda ante la Procuraduría General de la Nación contra los diseñadores, constructores, interventores y aseguradores de Hidroituango para reclamar $9,9 billones por daños emergentes, pérdidas y perjuicios, entre otros, además de poner en entredicho la confianza en la ingeniería del país y desmontar parcialmente de la responsabilidad a las aseguradoras, pone fin a la alianza entre las administraciones de Medellín y el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), donde sobresalen Sura, Bancolombia y el Grupo Nutresa.
Surge por lo tanto la inquietud acerca de si esta crisis es parte de la tragedia ambiental y social consecuencia de un proceso equivocado y de un proyecto como el de Hidroituango, con implicaciones ambientales y sociales cuestionables y no deseadas; y si ha sido conveniente y oportuna la demoledora y cuestionada acción emprendida por el alcalde de la capital de Antioquia, quien ya había propuesto a mitad de año cambiar el objeto social de EPM, para adentrarla de lleno en actividades relacionadas con la cuarta revolución industrial, y actuado en contravía del modelo organizacional de Ruta N, entidad pública creada en 2009 por la Alcaldía de Medellín, UNE y EPM.
Todos sabemos que Hidroituango, con una capacidad de 2400 MW concebida para generar el 17% de la energía hidroeléctrica del país, es una obra estratégica de la matriz energética de Colombia. No obstante, nos seguimos preguntando ahora si lo anterior justifica desviar el río Cauca para aprovechar su caudal medio de 1010 metros cúbicos por segundo, construyendo un enrocado de 225 metros de altura para inundar 3800 hectáreas con un embalse de 79 kilómetros de longitud, e interrumpir la conectividad biológica de un ecosistema afectando a 17 mil pescadores, lo que vulnera los derechos bioculturales de un territorio.
Si entre los factores de la falla del tercer túnel de desvío de Hidroituango, la Galería Auxiliar de Desvío (GAD), obra adicional para acelerar el proyecto, según la firma noruego-chilena Skava Consulting la causa primera del taponamiento se relaciona con la omisión de acciones correctivas, para resolver la amenaza de cizallas o fracturas en el piso y techo de dicho túnel, con las cuales probablemente se habría evitado la emergencia de 2018; a mi juicio esto sólo es causa contribuyente, puesto que la causa real parte de la incertidumbre consustancial e imponderable del proyecto, asociada a su magnitud y naturaleza subterránea dada la complejidad del medio geológico.
El retraso en el cronograma del proyecto que llevó a construir dicho túnel de desviación complementario, el mismo que se tapó en abril de 2018, antes que resolver el problema, lo agravó; primero porque siete poblaciones y miles de personas resultaron afectadas, y segundo por otras pérdidas adicionales donde suma el lucro cesante para la generadora al no poder entrar en operación en diciembre de 2018, como tampoco lo hará en 2021 como se esperaba, ya que por el impacto de la pandemia la nueva fecha para poner en marcha 4 de sus 8 turbinas es el 2022.
Actualmente cuando el avance de las obras estimado en 79 por ciento ha llevado a mover el cronograma, y a implementar estrategias para enfrentar las pérdidas económicas por el lucro cesante, a la preocupación en Medellín por los nuevos retrasos en Hidroituango se suma ahora el impacto económico que tendrían EPM tras 65 años de historia, y otras instituciones antioqueñas vinculadas a la crisis política y empresarial que se empieza a atravesar, así la intención del Alcalde sea recuperar para las arcas públicas, los daños y perjuicios de las fallas de Hidroituango.
Entre tanto, los ojos del país siguen encima de lo que pase, después de que el alcalde Daniel Quintero, quien hasta ahora sólo ha nombrado cinco de las ocho plazas de la nueva junta directiva de la empresa EPM, como su cabeza, le había pedido al gerente llevar a dicho organismo la decisión sobre si continúan o no las acciones legales contra los dos consorcios que participan en el proyecto Hidroituango: Construçoes e Comercio Camargo Correa S. A. y las paisas Constructora Conconcreto S. A. y Coninsa Ramón H. S. A.; los diseñadores con Integral S.A.; los interventores, y aseguradoras como Chubb y Suramericana.
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