Crisis social por disfunciones económicas en Colombia

 

Por: Gonzalo Duque-Escobar

La crisis social colombiana hace previsible la necesidad de aplicar reformas que permitan adoptar medidas estructurales, urgentes pero de largo plazo, para corregir las disfunciones del tejido productivo, financiero y social que se han venido acumulando como consecuencia de un modelo económico que acentúa la inequidad, por lo que el crecimiento no puede ser sustentable. Esto es, además de obligar al ajuste del gasto público, habrá que reformar el ámbito laboral, fiscal y financiero, para adaptarlo a las circunstancias específicas de nuestra sociedad, donde las opciones de participación para los actores económicos se diversifiquen y las oportunidades de acceder a sus beneficios se democraticen.

Si pareciera que el asunto no fuera importante para Colombia, basta considerar las consecuencias de unas relaciones asimétricas, expresadas en el Índice de Gini, en que los pobres son cada vez más pobres y los ricos más ricos, por ser cada vez más preocupantes: la pobreza a diario lleva a la miseria a legiones de ciudadanos que no logran generar el ingreso para sobrevivir; la desigualdad social profundiza la brecha entre los colombianos rurales y urbanos, por la asimetría en las oportunidades de estudiar y tener empleo; y la inequidad se acentúa, dada la tendencia a implementar políticas que favorecen la concentración de la riqueza en el país.

Ubicar a las personas en el centro del desarrollo, en vez de persistir en una política macroeconómica soportada en leyes laborales que desatienden y vulneran los derechos de los trabajadores, obliga a replantear la tesis que llevó al Estado a favorecer la demanda laboral representada por el conjunto de empresas o empleadores que contratan a los trabajadores, inspirada en el presupuesto neoliberal de que para la economía resultaba conveniente la flexibilización del empleo y la reducción de los costos laborales, como instrumentos que permitían dinamizar el aparato productivo.

Todo este panorama se agrava por la impunidad presente en la procuración e impartición de la justicia, por la corrupción de quienes usurpan la voluntad de los servidores públicos, por la inseguridad generalizada que siembra temor y desesperanza en las personas, por la violencia en la familia, en las escuelas y en el trabajo, y por la pérdida de confianza en las instituciones y en las personas que las representan. 

Al examinar las dinámicas de nuestra sociedad, parece ser que la consecuencia de la apuesta por una competitividad donde prima la individualización y homogenización de las personas, es la destrucción del tejido social y la exclusión para la mayoría de la población de los beneficios del progreso, además del desconocimiento de la diversidad e identidad cultural, lo que conduce a propiciar desde el Estado la fragmentación social y a polarizar las oportunidades del ingreso entre la clase media y alta respecto de las clases populares.

Solamente si se fortalece el Estado a través de la democracia, en ejercicio de una política exterior soberana puede armonizarse el desarrollo de los mercados internos y el interés económico que hegemónicamente controlan los grandes grupos empresariales, hoy fortalecidos por la demanda del mercado internacional. Esto, para desarrollar políticas fiscales y monetarias que antes que conceder privilegios y reprimarizar la economía, permitan incrementar la base tributaria para financiar el gasto público destinado a programas sociales y a la construcción de la Nación, en un escenario donde la incertidumbre económica permite aprovechar la profunda crisis neoliberal para impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas internas a partir de la generación de valor agregado. Lo dicho obliga a una política económica menos proclive a los postulados de la globalización y más consecuente con las particularidades e intereses de la Nación colombiana.

Definitivamente, porque sin la reforma de las leyes que menoscaban el bien general, el empleo no crecerá conforme se dé el crecimiento económico, los devenires económicos se presentarán con conflictos sociales y políticos, y el mal tiempo para la democracia afectará el clima para la paz que todos buscamos. De ahí que deba reconocerse que la solución a la actual crisis social, obliga a reformas de las políticas laborales afectando variables económicas y financieras, que en gran parte estarían fuera del alcance de la política nacional, aunque el Estado colombiano posee cierto margen de maniobra para adecuar su componente fiscal.

Desde el OAM, Ed. Circular RAC 635

 http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales

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Imagen, en: gatojazz-elblogdelgato.blogspot.com

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